Esto es la derivación del fallo de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe que lo inhabilita para ejercer cargos públicos por una causa que comenzó a fines de 2007 debido a que su gestión cobró un aumento de tasa, durante 5 meses, sin la ordenanza respectiva.

En dialogo con Radio Belgrano, el mandatario municipal calificó de movida política esta situación y apuntó en duros términos a los concejales y al sector que responde al senador Raúl Gramajo.

Fedele admitió que cometió “un error de tipo técnico” pero consideró que el mismo era totalmente “corregible  y discutible”. "En Esperanza pasó lo mismo, cobraron durante un año y la intendenta salió absuelta en la primera apelación" ejemplificó. 

Aludió a intereses políticos de “personas con falta de capacidad para ejercer su cargo” y de intenciones de quedarse con su puesto en la Municipalidad de Tostado.

Además, consideró que todavía no está firme la condena en su contra y que hay instancias de apelación a las que su defensa puede recurrir y atribuyó las acciones como enmarcadas en un panorama netamente electoral. Insistió que estas condiciones no incidirían en que cumpla su mandot íntegramente.

También, insistió con la incidencia del” gramajismo” que, según Fedele, tiene poder sobre la justicia, influyendo sobre jueces y allanando el camino hacia su condena. "Es una linea interna del Justicialismo, que estuvo relacionada con el proceso militar y se le han asociado dos concejales mas, entre ellos el presidente del Consejo, que no está a la altura de las circunstancias y creen que a través de una destitución pueden sentarse en el sillón de la Intendencia" disparó.

"Lo tenemos a Gramajo que hace 24 años que está nombrando jueces y levantando carpetas de traslado y esas son facturas que se pasan. Por eso mi procesamiento fue pasando por jueces y fiscales débiles  y llega hasta esta instancia" puntualizó.

En torno a la potencial respuesta de parte del Gobierno Provincial, Fedele piensa que "el Gobernador los va a a sacar a bolsazos, si no los tira por la ventana, pasa raspando porque es un tema que está en la Justicia y Bonfatti no le va a hacer una puenteada para acelerar el final"

Recordemos que la causa pasó por varios estamentos hasta que el juez de sentencia de San Cristóbal dictó la pena de dos años de prisión en suspenso y dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. La defensa apeló y la medida recayó en la Cámara Penal de Vera que finalmente confirma la sentencia. Nuevamente los abogados defensores interponen un recurso de inconstitucionalidad que es rechazado por la Cámara de Vera, llega a la Corte Suprema de Justicia y se interpone un recurso en queja que el máximo decide rechazar.