En el marco del conflicto que atraviesa la empresa Verónica, trabajadores junto al gremio ATILRA vienen desarrollando una serie de acciones gremiales, administrativas y judiciales con el objetivo de defender los puestos laborales y reclamar el cumplimiento de obligaciones salariales y previsionales.

Entre las principales medidas, se destacan audiencias realizadas ante la Secretaría de Trabajo de la Nación y el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe, donde se denunció un lock out patronal. En dichas instancias, los trabajadores dejaron constancia de su disposición a retomar tareas de manera inmediata, siempre que la empresa garantice la provisión de materia prima e insumos —actualmente inexistentes— y abone los salarios adeudados.

Desde el gremio también sostienen que la crisis no responde a factores económicos o financieros derivados del contexto macroeconómico, sino a decisiones de los directores y accionistas, que —según denuncian— podrían encubrir maniobras ilegales.

En ese sentido, se impulsó una denuncia y querella criminal radicada en el Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado.

La presentación apunta a investigar presuntas irregularidades en el cumplimiento de obligaciones de la seguridad social, incluyendo la retención indebida de aportes descontados a los trabajadores. La Justicia ya ordenó medidas para verificar los hechos, ampliando la investigación a otros posibles ilícitos vinculados al pago de salarios y decisiones empresariales.

Paralelamente, el gremio y los trabajadores colaboran con una investigación por presunta estafa que lleva adelante el Ministerio Público de la Acusación, con intervención del fiscal Loyola en la ciudad de Rafaela, aportando documentación requerida sobre el conflicto.

Además, se promovieron acciones judiciales para reclamar deudas que la empresa mantiene con entidades vinculadas al sector, como OSPIL y AMPIL, cuya situación afecta la prestación de servicios de salud a afiliados. También se impulsa el inicio de demandas individuales para que los trabajadores reclamen el pago de salarios adeudados, con asesoramiento legal del gremio y la posibilidad de solicitar medidas cautelares sobre los activos de la empresa.

En el plano gremial, se redactaron y distribuyeron telegramas laborales para exigir el pago de haberes y rechazar una propuesta de la empresa que planteaba la reducción del 50% de la jornada laboral y de los salarios, medida considerada ilegal por los trabajadores.

Asimismo, se realizaron constataciones notariales y administrativas en los distintos establecimientos de la firma, con participación de delegados y dirigentes sindicales, a fin de dejar registro del estado de cada planta.

Por otro lado, se informó sobre contactos informales con supuestos interesados en hacerse cargo de la empresa, aunque las propuestas fueron rechazadas por carecer de formalidad y no garantizar derechos básicos como el respeto por la antigüedad, el pago de salarios adeudados o indemnizaciones.

Finalmente, desde ATILRA remarcaron que, pese a los reiterados intentos de diálogo, los responsables de la empresa no han dado respuestas concretas ni presentado un plan para reactivar la producción, lo que profundiza la incertidumbre de los trabajadores. En ese contexto, destacaron el acompañamiento gremial, legal e institucional, así como el respaldo del conjunto de la industria lechera frente a la situación.