Educación instó a trabajar la problemática en las aulas y pidió a las familias reforzar el diálogo ante hechos que configuran delito de intimidación pública

El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Educación, emitió una alerta preventiva dirigida a toda la comunidad educativa ante los episodios registrados en los últimos días, vinculados a la aparición de carteles, pintadas y mensajes con amenazas de tiroteos en establecimientos escolares.

Frente a este escenario, la cartera educativa convocó a asumir un rol activo en la prevención e instó a equipos directivos, docentes y centros de estudiantes a abordar esta problemática en las aulas, incorporándola como una falta gravísima dentro de los acuerdos de convivencia escolar. Además, se solicitó reforzar el diálogo en los hogares y se advirtió sobre las consecuencias legales de este tipo de conductas.

La comunicación, elaborada en conjunto con el Ministerio de Justicia y Seguridad, subraya que estos hechos “no constituyen una broma ni una simple transgresión escolar, sino un delito grave que vulnera el derecho a la educación y altera profundamente la paz social”.

En ese sentido, se recordó que realizar pintadas, difundir mensajes en redes sociales o generar falsas alarmas que amenacen a instituciones educativas configura el delito de intimidación pública, previsto en el artículo 211 del Código Penal de la Nación, con penas de prisión. Asimismo, se indicó que se avanzará en la identificación de los responsables para su sometimiento a los procesos correspondientes dentro del fuero penal juvenil.

Desde el Gobierno también destacaron el rol del Ministerio Público de la Acusación, que utiliza herramientas tecnológicas como análisis de redes sociales, peritajes informáticos y rastreo de direcciones IP, lo que permite identificar rápidamente a los autores. Estas investigaciones pueden derivar en allanamientos, secuestro de dispositivos electrónicos y detenciones.

Otro de los puntos centrales de la advertencia está vinculado al impacto económico de estos hechos. Cada amenaza activa protocolos de seguridad que implican la movilización de fuerzas policiales, brigadas especiales, servicios médicos y operativos de tránsito, además de la interrupción de las actividades escolares, generando costos significativos para el Estado.

En este marco, se recordó que la legislación vigente establece la responsabilidad de los padres o representantes legales por los daños ocasionados por sus hijos menores, por lo que la Provincia podrá reclamar judicialmente el reintegro de los gastos y la reparación de los perjuicios.

Finalmente, el mensaje oficial también alertó sobre el “efecto contagio” que pueden generar estas prácticas en redes sociales, advirtiendo que “lo que comienza como un reto puede derivar en un proceso penal”. Por ello, se instó a las familias a promover un diálogo claro y sostenido con niños y adolescentes, con el objetivo de erradicar estas conductas y proteger a toda la comunidad educativa.