La entidad pyme rechazó las recomendaciones del organismo por ajustar el consumo y el salario, y exigió un Nuevo Consenso Fiscal enfocado en el "dañino" sistema impositivo de provincias y municipios

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) rechazó de forma tajante el paquete de recomendaciones de reforma tributaria que el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó el pasado 26 de mayo. Para la entidad, las propuestas del organismo internacional son regresivas, ya que se concentran en aumentar la presión fiscal sobre los asalariados, los pequeños contribuyentes y el consumo, dejando intactos los problemas estructurales que frenan la producción nacional.

Las medidas sugeridas por el FMI giran en torno a tres ejes principales:

• Impuesto a las Ganancias: Ampliar la base de la cuarta categoría reduciendo el piso a partir del cual tributan los trabajadores.

• IVA: Extender la base imponible a bienes y servicios que actualmente se encuentran exentos.

• Monotributo: Reformar el régimen para elevar sus categorías.

"Estas reformas reducen el poder adquisitivo de los trabajadores y encarecen la formalidad para los sectores de menores ingresos", señalaron desde CAME, criticando que no se toquen los impuestos distorsivos que verdaderamente frenan la inversión y el empleo formal.

El verdadero nudo fiscal: las provincias y los municipios

Para los empresarios pymes, el diagnóstico del FMI ignora por completo el nivel de tributación subnacional, donde reside el impacto más nocivo para la actividad económica. CAME detalló que la superposición del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) provincial y las tasas municipales representan entre el 2% y el 6% de las ventas brutas de una empresa, independientemente de si esta tiene rentabilidad o no.

A diferencia de Ganancias, IIBB es un impuesto en cascada que se acumula en cada etapa de la cadena productiva. Sin embargo, el aspecto más gravoso es el régimen de retenciones y percepciones anticipadas que aplican las provincias:

1. Los fiscos provinciales descuentan importes que superan sistemáticamente el tributo real.

2. Esto genera saldos a favor acumulados que las empresas nunca pueden compensar del todo.

3. Las devoluciones estatales demoran entre 12 y 36 meses, provocando que el dinero pierda entre el 60% y el 80% de su valor real por la inflación, funcionando en la práctica como un préstamo forzoso a tasa cero para los gobiernos del interior.

El impacto en números: Carga real vs. Propuesta FMI

A este escenario se suma la opacidad de las tasas cobradas por más de 2.300 municipios (como la Tasa de Seguridad e Higiene o la de Inmuebles), las cuales suelen equivaler a una alícuota adicional de entre el 0,3% y el 1,2% sobre las ventas brutas, muchas veces sin una contraprestación real de servicios.

El pedido de un Nuevo Consenso Fiscal

Ante esta situación, CAME solicitó la convocatoria urgente a un Nuevo Consenso Fiscal que involucre al Gobierno nacional, las provincias y los municipios.

La entidad aclaró que el objetivo no debe ser una simple baja nominal de alícuotas que luego pueda revertirse, sino un ordenamiento estructural permanente que armonice las bases imponibles, regule los regímenes de retención y fije mecanismos transparentes de devolución en todo el territorio argentino.