El Senado de Santa Fe otorgó media sanción por unanimidad a un proyecto de ley que busca mejorar la prevención y la protección de las víctimas de violencia de género, mediante un sistema que permita actuar con mayor rapidez y coordinar el trabajo de los distintos organismos del Estado.

La propuesta fue impulsada por el Poder Ejecutivo y recibió aportes del oficialismo y del Bloque Justicialista. Durante el debate, los legisladores coincidieron en la necesidad de dar respuestas concretas ante una problemática que requiere atención urgente.

El senador Esteban Motta destacó que la protección de las víctimas debe estar por encima de las diferencias políticas y señaló que el proyecto busca fortalecer la responsabilidad del Estado.

Por su parte, Ciro Seisas, presidente de la Comisión de Seguridad, aportó cifras sobre la magnitud del problema: indicó que una de cada cuatro llamadas al 911 está vinculada con situaciones de violencia de género y mencionó más de 6.700 consultas durante el último año.

El senador Rubén Pirola valoró la incorporación de herramientas tecnológicas y la coordinación de las acciones bajo la responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Social.

Al cierre del tratamiento, el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, destacó el acuerdo alcanzado entre los distintos bloques y el rápido avance legislativo de la iniciativa.

¿Qué cambios propone la ley?

Uno de los puntos centrales es establecer cuatro niveles de riesgo: bajo, medio, alto y crítico, para determinar qué medidas de protección necesita cada víctima según su situación.

Además, el proyecto contempla:

• Monitoreo electrónico: como regla general para los casos de riesgo alto o crítico, con excepciones que deberán justificarse judicialmente.

• Registro digital unificado: permitirá reunir denuncias y medidas de protección, y mejorar el intercambio de información entre los organismos.

• Medidas contra el agresor: los jueces podrán ordenar restricciones de acercamiento, exclusión del hogar, perímetros de protección y dispositivos de alerta.

• Intervención ante emergencias: se prevé actuar frente a alertas verificadas técnicamente, sin exigir que la víctima confirme el pedido de asistencia.

• Retiro preventivo de armas: en situaciones de mayor riesgo, se podrá disponer el retiro o secuestro preventivo de armas de fuego.

• Asistencia jurídica gratuita y urgente: para facilitar el acceso de las víctimas a la Justicia, sin recurrir a mediaciones o conciliaciones.

• Ayuda económica de emergencia: para afrontar gastos urgentes, como traslados, alojamiento temporal, cambio de cerraduras y medidas de seguridad en la vivienda.

• Protección de niños y adolescentes: con medidas específicas para quienes estén expuestos indirectamente a situaciones de violencia.

La iniciativa también prevé revisar las medidas de protección, fortalecer los equipos especializados y mejorar la coordinación entre las instituciones. Ante el incumplimiento de las disposiciones judiciales, podrán realizarse nuevas evaluaciones de riesgo y adoptarse otras medidas.

Con la media sanción del Senado, el proyecto busca avanzar hacia un sistema que permita detectar situaciones de peligro, actuar antes de que la violencia se agrave y brindar una respuesta más rápida y efectiva a las víctimas. Para convertirse en ley, deberá completar el trámite legislativo correspondiente en la Cámara de Diputados.